Vivienda

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que suspenderá de "inmediato" el otorgamiento de licencias nuevas para viviendas de uso turístico. Además, ha explicado que a partir de ahora las sanciones para los pisos turísticos ilegales serán desde 30.000 euros.

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El Gobierno de España anunció hace dos semanas que quiere eliminar la Golden Visa, el permiso para que los extracomunitarios puedan residir en España a cambio de comprar una vivienda de más de 500.000 euros. Había -o hay porque todavía es un anteproyecto de ley- más vías para conseguirlo, pero la adquisición de una casa cercana al concepto del lujo, o al menos no accesible para muchos, se convirtió en la más conocida.

Ahora el Ejecutivo de la nación ha decidido que lo mejor es no seguir otorgando esos visados. El argumento es que fomentan la especulación y encarecen los precios y por tanto, dificultan el acceso de la vivienda al resto de la población. Mencionó Marbella la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, cuando avanzó la idea del Gobierno, dando un dato: las transacciones inmobiliarias asociadas a la Golden Visa han llegado a ser más de 7% del total. Consultada la patronal, expertos en el campo del urbanismo y de la extranjería y el propio Ayuntamiento marbellí, ni comparten ni entienden el parecer del Estado. Sí defiende la postura el grupo municipal socialista.

Supone una décima por debajo de la media española pero un 1,2 puntos más que en 2019.

Casi el 30 por ciento de ellos corresponden a usos industriales, seguidos por un 27,2 por ciento de los de uso de almacenamiento o el 22,2 por ciento de uso comercial.

📌 Con Óscar Martín y Aleix Valero.

La proliferación de las viviendas turísticas ya está teniendo su repercusión en el mercado de la vivienda residencial en Zaragoza. Se reduce la oferta alquiler de vivienda residencial y, en consecuencia, aumentan los precios. El Casco Histórico es la zona más afectada por este fenómeno.

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Entre los gastos recortados figuran algunos de la cesta de la compra como carne o pescado, gastos en salud como dentista o psicólogo y gastos energéticos como calefacción y luz.

El Govern la ha aprobado para evitar la picaresca de los propietarios que se pasan a este tipo de contratos para eludir la aplicación del límite de rentas.

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